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Costa Rica y Ecuador firman acuerdo de delimitación marítima

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Nicolás Boeglin*Costa Rica y Ecuador firmaron el pasado 21 de abril en Quito un acuerdo de delimitación marítima. Se lee que para la ocasión, y luego de tres reuniones de una comisión técnica compuesta por negociadores de ambos Estados celebradas en este año 2014, los respectivos Ministros de Relaciones Exteriores firmaron este tratado (ver nota de prensa).
Durante la tercera reunión técnica se finiquitó el detalle del sistema georeferencial usado por ambas delegaciones y se elaboró la memoria técnica así como  el mapa o carta de límites que se incorporará al tratado como un anexo al mismo (ver nota de prensa).

El peculiar caso de la frontera entre la Isla del Coco y Galápagos

Como bien se sabe, las extensas zonas económicas exclusivas (ZEE) de la Isla del Coco (perteneciente a Costa Rica) y de las islas Galápagos (Ecuador) se superponen en el Océano Pacífico. Se trata de zonas que se pueden extender hasta 200 millas náuticas, y en ambos casos, ambos Estados tienen esa preciada posibilidad (que no tienen todos los Estados que cuentan con islas). Otros Estados han logrado que una roca sea reconocida como teniendo el mismo efecto que una isla, como el caso de Malpelo (Colombia): ver nota sobre el acuerdo entre Costa Rica y Colombia de 1984 que incluye fotos de la roca de Malpelo.
Mientras la Isla del Coco (que sí responde a la definición de isla desde el punto de vista geográfico y jurídico) corresponde a una sola formación insular no habitada (declarada parque nacional en 1978) situada a 532 kilómetros de las costas de Costa Rica, el archipiélago de Galápagos se compone de 13 islas y 47 islotes, en lo cuales viven unas 8000 personas. Se ubica a unos 950 kilómetros de la costa ecuatoriana y fue declarado parque natural en 1959.

convemarCONVEMAR. Fuente: http://catedraccss.blogspot.com/2012_09_01_archive.html

En el año 1985 se había firmado un convenio similar, conocido como el tratado Gutiérrez-Terán (ver ficha técnica y texto oficial del acuerdo). Según este tratado (firmado menos de un año después de uno de Costa Rica con Colombia delimitando las áreas marítimas en el Pacífico), el límite marítimo es fijado por una línea geodésica. En el Artículo 2 de este acuerdo bilateral se menciona la existencia de una "zona especial" - que bien se podría denominar "zona de tolerancia" - de 10 millas marítimas de cada lado de la línea acordada: una evidencia – a la que no escapan otros tratados de este tipo entre Estados de América Latina - de las buenas relaciones entre Estados que aceptan de esta manera formalizar la porosidad de una línea divisoria acordada. En aquel momento, ni Costa Rica ni Ecuador eran parte de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar adoptada en 1982 en Montego Bay.

zeecrZona Económica Exclusiva de Costa Rica. Fuente: El Financiero.

Es de notar que esta línea no toma en consideración las líneas de base recta trazadas alrededor del archipiélago ecuatoriano. Este tratado no fue ratificado por el Congreso de Costa Rica (ver al respecto. pp. 141-143 del estudio de CPNV-EM Giovanny Benítez de Ecuador): este análisis incluye una cita del señor Murillo (Costa Rica) según el cual, "… además, el actual gobierno no está muy interesado en asuntos de límites marítimos, por lo que no ha querido desgastarse en una lucha con el congreso por esos temas, sobre todo porque en los últimos tres años la agenda legislativa ha estado dominada por el tema del TLC con Estados Unidos. Por otra parte, es poco probable que la aprobación del tratado de límites sea retomado en el congreso en los próximos años, porque el 2009 es un año de campaña electoral (las elecciones presidenciales son en febrero del 2010), entonces la agenda estará dominada por otros temas” (Murillo, 2009:1)" (pp. 142-143).

El efecto de la Convención sobre Derecho del Mar

Con este tratado, Ecuador concluye satisfactoriamente - y en pocos años - las negociaciones en torno a la delimitación marítima con sus vecinos marítimos. En palabras de su Canciller, "Para el Ecuador, esta fecha es además un motivo de especial satisfacción, pues con la firma de este Convenio finalmente habrá concluido con sus países vecinos la delimitación y demarcación de sus fronteras terrestres y marítimas, un proceso que no ha estado exento de conflictos, dificultades y frustraciones, y que felizmente termina ahora con fronteras claras, incuestionables y acordes con el derecho internacional. Estamos seguros al afirmar que dichas fronteras, en adelante, lejos de ser líneas de separación, división y conflictos, se convertirán en puntos de unión, de convergencia e integración de pueblos hermanos". Es notable que Ecuador lograse concluir estas negociaciones con sus vecinos después de haber ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar en agosto del 2012 (ver decreto presidencial). Se trata de un extenso instrumento universal (320 artículos y dos largos anexos) aprobado en 1982, luego de arduas negociaciones que duraron por más de 10 años, y que aún permanece sin ser ratificado por varios Estados de la región, incluyendo Perú y Colombia, ambos vecinos de Ecuador (Nota 1). Según el jefe de la diplomacia ecuatoriana, "La adhesión del Ecuador a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en septiembre de 2012, nos ha permitido perfeccionar la delimitación efectuada en el año de 1985, a través de varias reuniones preparatorias y otras de carácter técnico. Se han introducido en el Convenio que firmamos coordenadas precisas, ajustadas al sistema de referencia geodésico WGS-84, a los puntos de base y puntos equidistantes, desde los que se han trazado las líneas geodésicas que constituyen el límite marítimo” (ver comunicado de prensa oficial). La deferencia del canciller ecuatoriano a la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar permite entender mejor el significado que tiene, para dos Estados que deben delimitar sus mares, el ser parte a este instrumento: una herramienta técnica muy completa a disposición de los equipos negociadores para lograr sortear todos los obstáculos y accidentes que presenta la geografía.

Las tareas pendientes para Costa Rica

En el caso de Costa Rica (parte a la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar desde el año 1992), el acuerdo del pasado 21 de abril constituye una delimitación adicional de muchas más aún pendientes. Será la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la que decidirá de la frontera marítima entre Costa Rica y Nicaragua en ambos océanos (según lo solicitado por Costa Rica el pasado 25 de febrero del 2014 a la CIJ y que tuvimos oportunidad de analizar recientemente): si bien esta solicitud responde a las objeciones hechas por Costa Rica a concesiones en materia de hidrocarburos hechas por Nicaragua el año pasado (y que analizamos en estas mismas páginas en el mes de julio del 2013), no es exenta de riesgos para las áreas marinas que pareciera reconocerle Nicaragua a Costa Rica en el Atlántico, así como para el carácter "común" de las aguas de la Bahía de San Juan del Norte que ambos Estados compartían según la geomorfología de 1858 y que hoy “comparten” de una manera singular:
cr isla portillosHaga clic en la imagenComo se puede apreciar en este mapa, se debe de tratar de una de las pocas "bahías comunes" en el mundo enclavada en el territorio de un solo Estado. A ese respecto, Nicaragua ya adelantó sus pretensiones sobre las aguas de la bahía de San Juan del Norte con ocasión de la presentación de medidas reconvencionales en febrero del 2013 ante la CIJ, las cuales fueron rechazadas por los jueces de La Haya. El juez ad hoc de Nicaragua, Gilbert Guillaume (Francia) consideró que la CIJ tuvo una lectura muy restrictiva en cuanto al rechazo de estas demandas (ver sus conclusiones – en francés - en su declaración), aduciendo que debió de prevalecer un criterio más integral de la noción de cuenca hidrográfica del San Juan (que incluyera su peculiar delta). En relación al Pacífico la extensa ZEE de Costa Rica que viene a consolidar este tratado con Ecuador y la ausencia de islas de Nicaragua, podría incluso llevar el juez internacional a un ejercicio algo desfavorable para Costa Rica en la determinación de la frontera marítima. Más allá de lo oportuno (o no) de dejar en manos de los jueces de la CIJ la determinación de las fronteras marítimas en ambos océanos, lo cierto es que el costo económico de esta nueva demanda avanzado por las autoridades de Costa Rica (1 millón de US$) dista singularmente de datos recientemente obtenidos en Argentina, Uruguay, Colombia y Chile (remitimos a las conclusiones de nuestra modesta nota antes citada y que, salvo error de nuestra parte, no ha dado lugar a ninguna reacción o aclaración por parte de las actuales autoridades).
Siempre en relación al Atlántico, Costa Rica deberá decidirse sobre qué hacer con el tratado suscrito con Colombia en 1977 y nunca ratificado por Costa Rica, al ser un tratado anterior a la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982 (que consagra jurídicamente la noción de ZEE). Este tratado fue objeto de una referencia en los escritos de Costa Rica ante la CIJ algo equivoca (y a nuestro modesto parecer equivocada) en la solicitud de intervención de Costa Rica en la controversia entre Nicaragua y Colombia. El error fue inmediatamente aprovechado por Nicaragua, y a la que referimos en una breve nota anterior publicada en Tribu Global que nos permitimos reproducir: “No obstante, y como era previsible, Colombia defendió la plena validez del tratado (de 1977) en las audiencias orales ante la CIJ en el 2010, y (lo que lo era mucho menos) Costa Rica también ante los mismos jueces de La Haya: este detalle no deja de sorprender en la medida en que ello probablemente le restó fuerza a Costa Rica para pretender espacios que vayan más allá de este punto, y por ende a su solicitud de intervención. Uno de los asesores de Nicaragua aprovechó esta ambivalencia en la posición de Costa Rica lanzando en aquella oportunidad una daga que posiblemente surtió algún tipo de efecto en algunos de los jueces al declarar ante ellos (ver página 22 del verbatim del segundo día de audiencias) que: “14. Le Costa Rica prétend avoir un intérêt juridique à ce que soient respectées les limites acceptées par son gouvernement, dans un traité signé, mais non ratifié, comme celui de 1977 avec la Colombie ; mais, en même temps, il situe ces intérêts au-delà de cette limite conventionnelle. Bref, on dirait que son désir est de tuer ce traité sans tirer un seul coup, ce qui serait d’ailleurs conforme à sa tradition pacifiste".
El único punto acordado en ese tratado entre Costa Rica y Colombia en 1977 es el que acerca más a Colombia de todas las costas de Centroamérica. El fallo de la CIJ del 19 de noviembre del 2012 en la controversia entre Colombia y Nicaragua coloca este punto como una verdadera curiosidad, así como el espectáculo protagonizado (igualmente curioso) por parte de Colombia luego de la lectura del fallo en La Haya (Nota 2): las amenazas y demás gesticulaciones colombianas dieron lugar a una primera demanda de Nicaragua ante la CIJ contra Colombia presentada el 16 de septiembre del 2013 (ver texto oficial), reforzada por una segunda demanda de Nicaragua en noviembre del 2013 (ver comunicado de la CIJ), a pocos días de surtir efecto la denuncia colombiana de Pacto de Bogotá. Tuvimos la oportunidad de analizar en estas mismas páginas los alcances de esta demanda y de la inédita posición colombiana.

Conclusiones

No cabe duda que con este tratado, Costa Rica y Ecuador logran un paso importante en el afianzamiento de sus relaciones bilaterales. Ello incluso rebasa el estricto marco de la cooperación bilateral entre ambos, ya que permite a terceros que tengan algún interés en involucrarse en esa zona del planeta hacerlo con mayo seguridad. En una breve nota publicada en el 2001 (La Nación, 25 de febrero del 2001), y refiriéndonos a las fronteras marítimas de Costa Rica en general, habíamos señalado la necesidad para Costa Rica de ir completando el borde de las zonas marítimas de Costa Rica pendientes de delimitación, tanto en el Pacífico como en el Caribe, en los siguientes términos, y que nos permitimos reproducir – pese a haber sido redactada hace ya más de 10 años: "La falta de delimitación marítima (como la indeterminación de la localización de la línea de la frontera en tierra) causa y seguirá causando periódicamente roces entre los Estados, enturbiando sus relaciones bilaterales y eventualmente los procesos de integración regionales. La falta de claridad sobre las fronteras marítimas suelen además frenar iniciativas, sean estas internas o externas, en materia de explotación de recursos marinos, pero también otras relacionadas con proyectos de envergadura regional (o que involucran a instancias multilaterales) en materia, por ejemplo, de protección del medio ambiente marino".

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* Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica

Nota 1: El estado de ratificaciones y adhesiones a esta convención suscrita en 1982 en Montego Bay (Jamaica) se puede consultar en el siguiente enlace. De 166 Estados Partes a la fecha de redactar esta nota, los Estados del hemisferio han ratificado dicho instrumento en el siguiente orden cronológico: México, Jamaica, Bahamas y Belice (1983), Cuba (1984), Santa Lucia (1985), Trinidad y Tobago, Paraguay (1986), Sao Tomé y Príncipe, Brasil, Antigua y Barbuda (1987), Grenada y Dominica (Commonwealth of) (1991), Costa Rica y Uruguay (1992), San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Honduras, Barbados, Guyana (1993), Bolivia y Argentina (1995), Panamá (1996), Guatemala y Chile (1997), Surinam (1998), Nicaragua (2000), Canadá (2003), Republica Dominicana (2009), y finalmente Ecuador (2012). Permanecen sin ratificarla Colombia, El Salvador, Perú, Venezuela, así como Estados Unidos en el hemsiferio americano. 

Nota 2: A tan solo diez días de leído el fallo en La Haya, Colombia decidió denunciar un emblemático tratado que lleva el nombre de su propia capital: el Pacto de Bogotá. El 9 de septiembre del 2013, su Presidente declaró el fallo "no aplicable" aduciendo varios argumentos algo originales y de valía muy cuestionable (ver nota publicada en Tribu Global). A pocas horas de surtir efecto la denuncia colombiana del Pacto de Bogotá, Nicaragua presentó una nueva demanda contra Colombia el 26 de noviembre del 2013 (ver nota).


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