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Costa Rica y el índice de desempeño ambiental -EPI-: un desplome preocupante

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Nicolás Boeglin*La última medición en materia de desempeño ambiental (indicador EPI, desarrollado por las Universidades de Yale y de Columbia) arroja un preocupante descenso en 2 años de Costa Rica del puesto 5 (2011) al lugar 54 (2013). Una clara evidencia que demuestra que las advertencias de académicos, entidades de la sociedad civil y demás entes hechas hace ya varios años siguen siendo completamente desoídas;  y una indiscutible señal del deterioro que vive el país en materia ambiental, ahora expuesta a nivel internacional.  

Según el último informe realizado por la Yale University sobre el desempeño en materia ambiental (conocido como el indicador internacional ambiental EPI por sus siglas del inglés Environmental Performance Index) Costa Rica se ubica en el puesto 54 (ver la nueva tabla oficial del EPI). La metodología usada para obtener el EPI recurre a diversas variables y ha demostrado desde sus inicios haber hecho sus pruebas a nivel mundial: a las críticas en relación a considerar aspectos meramente formales como leyes, entidades, regulaciones sin interesarse por su efectiva aplicación, se realizaron algunos ajustes y cambios en el 2008 por parte de sus promotores. Hoy, se trata de un indicador que sirve de referente a nivel mundial y que, por ejemplo, es usado por el Foro Económico Mundial para evaluar a los Estados en materia ambiental, así como por parte de otras entidades internacionales, agencias de cooperación y diversos observatorios internacionales sobre el desempeño de los Estados.

El caso de Costa Rica:

De manera singular, la posición 54 de Costa Rica según la nueva tabla contrasta con la posición 5 de la que beneficiaba en el año 2011 (ver nota de prensa). Los que lo es aún más, es que los países que acompañaban en el 2012 a Costa Rica entre los mejores lugares se mantienen en esta nueva evaluación del 2014 como referentes mundiales (lo que podríamos denominar el “TOP 10”).

En particular Suiza, Noruega y Luxemburgo (que precedían a Costa Rica entre los 5 mejor evaluados en el 2012) son, respectivamente en el 2014, ubicados de la siguiente manera: 1ero (Suiza), 2o (Luxemburgo) y 10mo (Noruega). Con esta nueva medición, Chile (ubicado en el puesto 29) pasa a encabezar a los Estados de América Latina, seguido luego por Ecuador (en el puesto 53), Costa Rica (54), Venezuela (57), Panamá (58), Cuba (64), México (65), Uruguay (70), República Dominicana (75), Brasil (77), Colombia (85), Bolivia (87), Nicaragua (90), Argentina (93), Honduras (97), Guatemala (98), Perú (110), El Salvador (115), Paraguay (133), y Haití en la ante penúltima posición (176). Notemos que Colombia pasó del 9o lugar (posición en el 2008 que ya dejaba a algunos autores escépticos) al lugar 85 con la medición hecha pública en este 2014, mientras que el Perú “progresó” (ver artículo) del rango 31 (2010), al 81 (2012) y ahora se ubica en el lugar 110 (2014).

Fuente: Yale University EPI

Un privilegio atesorado:

En buena lógica, ser parte de los países con el mejor desempeño a nivel mundial en materia ambiental debiera ser una prioridad de toda política pública ambiental: el indicador EPI desglosa, como todo indicador internacional, las fortalezas pero también las debilidades de cada subcomponente. No es casual que prestigiosos foros internacionales lo usen para la elaboración de la ficha técnica de cada Estado. La envidiable posición de Costa Rica de ser parte del grupo de los "TOP 5" a nivel mundial en la materia ha sido mencionada por sus representantes oficiales en un sinnúmero de foros y cumbres internacionales en todos estos años. Incluso, pese a no constituir un argumento jurídico en sí, encontramos referencias a él en los alegatos orales presentados por Costa Rica ante los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya para convencerlos del compromiso inequívoco de sus autoridades con la protección del ambiente: ver por ejemplo, los alegatos finales presentados por Costa Rica en marzo del 2009 en la demanda contra Nicaragua (verbatim, p.14, nota 5) por los derechos de navegación en el río San Juan interpuesta en el 2005. Como bien se sabe, la CIJ no se dejó mayormente convencer sobre este preciso punto (Nota 1). En estos días la prensa de Costa Rica ha informado de este notorio descenso sufrido por Costa Rica (ver en particular nota de El Financiero y Costa Rica Hoy), calificándolo incluso de "estrepitoso" en un sitio muy frecuentado (Tribuglobal) sin que las autoridades expliquen su posición al respecto, salvo el salir airadamente a "cuestionar" la metodología usada por los investigadores de la Universidad de Yale.

Un descenso advertido:

Un descenso tan pronunciado evidencia que las advertencias que, por ejemplo, el diagnóstico anual que realizan las universidades públicas costarricenses en el Estado de la Nación, no han tenido mayor eco. Sus primeros informes (hace ya casi 20 años) advertían del serio rezago de Costa Rica en el tema del tratamiento de las aguas usadas, la desprotección de las aguas subterráneas y del deterioro de las cuencas de las que dependen los ecosistemas, entre muchos aspectos. Informes posteriores indicaban (en el 2006) del uso insostenible de los recursos naturales (Nota 2), de la sobreexplotación de las cuencas hidrográficas. O señalaban el espinoso tema del incumplimiento reiterado y recurrente de la sentencias de la Sala Constitucional por parte de las entidades recurridas en particular en materia ambiental (Nota 3). En informes más recientes, podemos señalar, entre muchos más, el irresuelto problema de la deforestación, pese a números oficiales en sentido contrario, (ver documento de Javier Baltodano, XIII EDN); la vulnerabilidad de las aguas subterráneas (ver documento de Mario Arias, XVII EDN), o el riesgo de seguir expandiendo la Gran Area Metropolitana (GAM) sin criterio ambiental (ver documento de Allan Astorga, XVII EDN) . Además del Estado de la Nación, otras entidades han hecho sus aportes: el número 177 de la Revista Ambientico (UNA) sobre la piña por ejemplo, es de una sorprendente actualidad, incluyendo la original propuesta de las autoridades de salud de legalizar el bromacil en el agua potable de las comunidades (artículo de Gabriela Cuadrado).

Este descenso en el EPI también debe leerse como una clara consecuencia de lo que algunos observadores y ONG han denominado el “doble discurso ambiental” que prevalece en Costa Rica en los últimos años. Se trata de un discurso "verde" hacia el exterior defendido por los delegados de Costa Rica para promover al país en foros internacionales, promover la imagen de destino verde “sin ingredientes artificiales”, que no guarda mayor consistencia con las políticas depredadoras del ambiente que se gestan desde algunas oficinas ministeriales. Una de las primeras denuncias públicas colectivas en relación a este doble discurso oficial se expresó el día siguiente al día del ambiente (5 de junio) en el año 2008, con un "Manifiesto Público en Defensa de la Naturaleza" suscrito por un gran número de entidades y personalidades y publicado en varios medios de prensa costarricenses. Unos meses después, teniendo como trasfondo el proyecto minero Crucitas (declarado de “conveniencia nacional” por autoridades esquivas al debate en octubre del 2008 y desmenuzado como “el arte de engañar a la Patria” por periodistas valientes como Carlos Salazar), un foro realizado en la Universidad de Costa Rica en el 2009 se titulaba precisamente: "Técnicas para evadir la legislación ambiental: el caso del MINAET". Vale la pena indicar que un artículo de finales de 2007 en El Financiero ya advertía de un probable bisturí para intervenir a una entidad técnica tan importante para el ambiente en Costa Rica como los es la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente, SETENA, creada en 1995 en la Ley Orgánica del Ambiente.

contaminacion5666524Contaminación del río Poró, Costa Rica; con vertidos de aguas residuales sin tratamiento alguno por parte de la empresa Compañía Textil de Centroamericana. Fuente: http://cronicasticas.wordpress.com/

Una deriva peligrosa

Intuición femenina de la periodista Ana Camacho de El Financiero a finales del 2007, o simple coincidencia, lo cierto es que gran parte de los escándalos mayores en materia ambiental que agitaron a la opinión pública de Costa Rica se dieron meses después y ello sigue siendo la tónica desde entonces (en particular cuando se trata de proyectos ligados de una u otra forma a la inversión extranjera o a megaproyectos financiados con fondos provenientes del exterior). Las presiones políticas parecieran no ser del todo ajeno a ello, según uno de los miembros de la Comisión Plenaria de la SETENA, al menos en lo que corresponde al a 2009 (Nota 4).

No obstante los casos en los que las regulaciones ambientales se han visto “acceleradas” para favorecer ciertos proyectos es larga: desde las recientes producciones audiovisuales emanadas de la misma Universidad de Costa Rica (UCR) sobre el proyecto minero Crucitas (“El Oro de los Tontos”, 2011, disponible aqui) o sobre la sorprendente idea de promover la extracción de gas natural en Costa Rica propiciada por la actual administración de la Presidenta Laura Chinchilla (“Las trampas del gaz”, 2012, disponible en este sitio); pasando por las ponencias presentadas por ONG y académicos durante la sesión del Tribunal Latinoamericano del Agua (TRAGUA) en noviembre del 2013 sobre los efectos devastadores de la producción de la piña de exportación en Costa Rica – disponibles aquí , en particular las de Mauricio Alvarez, Soledad Castro y Mario Peña – objeto de varios reportajes en Europa (ver nota); sin olvidar las advertencias ya antiguas sobre usos de pesticidas altamente dañinos (incluso para la salud humana ver artículo de 1993) desoídas por las autoridades – y que explican que Costa Rica sea el primer consumidor de pesticidas por hectárea a nivel mundial, incluyendo pesticidas prohibidos por la misma Unión Europea por decisión de sus instancias judiciales (Nota 5). Estos casos (y muchos otros …) ilustran, cada uno a su manera, la peligrosa deriva de Costa Rica de los últimos años que viene ahora a confirmar el desplome del indicador de Costa Rica en materia de desempeño ambiental. Esta situación plantea además la urgente necesidad de distinguir claramente la inversión extranjera deseable de la no deseable: un tema recientemente mencionado en un artículo del ex Secretario General de la SETENA, el Dr. Allan Astorga, publicado unos días antes de las elecciones del pasado 2 de febrero.

Conclusión

Es altamente preocupante que las autoridades de Costa Rica no hayan encontrado mejor salida ante la opinión pública que la de cuestionar (ya sea de manera directa o indirecta) la metodología usada por la Universidad de Yale para elaborar el EPI (la cual no parece afectar mayormente a los países que acompañaban a Costa Rica en el 2011 en las mejores posiciones 2 años después). A este respecto las recientes declaraciones del titular de la cartera de ambiente merecen ser leídas una y otra vez.

Son muchas, variadas y documentadas las recomendaciones hechas por el Estado de la Nación desde hace varios años cuya desatención ahora se ve precisamente reflejada en los indicadores negativos que arroja el nuevo ranking de EPI para Costa Rica. Al parecer, estas (y muchas otras …) advertencias no han encontrado eco alguno. En cambio, es sorprendente el eco que ha tenido el intenso esfuerzo desplegado en estos días por algunos jerarcas del Estado costarricense (tendiente a desacreditar la metodología EPI) en algunos responsables de entidades universitarias e incluso en algunos representantes de entidades de sociedad civil: suficiente es el tener que asistir (una y otra vez …) a operaciones de maquillaje discursivas del aparato estatal costarricense ante la opinión pública para intentar justificar los injustificable, sostener lo insostenible y ahora, EPI 2014 en mano, obviar lo obvio.

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Nota 1: El caso de los derechos de navegación en el San Juan planteado por Costa Rica contra Nicaragua en el 2005 ante la CIJ no incluía inicialmente ninguna controversia de tipo ambiental. No obstante, el ambiente hace su aparición en el fallo del 13 de julio del 2009 (ver texto de la decisión de la CIJ). Ello se debe al siguiente punto de discusión entre ambos ribereños del San Juan: mientras que Costa Rica le cuestionaba a Nicaragua el argumento jurídico según el cual Nicaragua si tiene potestades para restringir los derechos de navegación basándose en consideraciones ambientales, Costa Rica sostenía lo contrario, dada la ausencia de disposición alguna en el tratado de 1858 que rige el ejercicio de estos mismos derechos de navegación. Como era de esperar, la posición de Costa Rica fue rechazada: en su decisión , la CIJ fue tajante al declarar “a lo largo de los 150 años que han pasado desde la conclusión del tratado de 1858, los intereses que deban ser protegidos mediante una regulación tomada con base en el interés público, pueden perfectamente haber evolucionado de una manera, que, en la época, no podría ser prevista por las partes, la protección del medioambiente es un excelente ejemplo al respecto. La Corte considera que al adoptar ciertas medidas cuestionadas, Nicaragua persigue el objetivo legítimo que constituye la protección del ambiente” (ver párr. 89, p. 250 del fallo). Desde entonces ambos Estados han recurrido dos veces más a la CIJ para discutir sobre el San Juan: Véase nuestra nota: ”El río San Juan por tercera vez a La Haya” (LN, 3/3/2012).

Nota 2: Leemos en la introducción del Capítulo Armonia con la Naturaleza del XII Informe del EDN (2006) que:El desempeño ambiental del 2005 confirma muchos de estos avances y rezagos. Ese año, el país se alejó de buena parte de sus aspiraciones de desarrollo humano en esta materia, tales como: utilizar los recursos naturales a una tasa menor o igual a su capacidad de reposición, lograr tasas de desechos y contaminantes iguales o inferiores a la capacidad del ambiente para asimilarlos, reducir el deterioro ambiental, minimizar el impacto de los desastres de origen natural y tener una sociedad que se encamine hacia una mayor equidad en el disfrute de los recursos naturales. Al igual que en años anteriores, persistieron serias carencias en la disponibilidad de información amplia y sistemática para dar seguimiento a la gestión ambiental”. Este informe detectaba ya (p. 202 y ss.) la debilidad de la SETENA, el aumento en consumo de hidrocarburos de Costa Rica (p. 217 y ss.) o el avance y las limitaciones en el control de la tala ilegal (p. 222 y ss) e incluía un recuadro sobre el impacto socio ambiental de la piña (p. 230) de una sorprendente – y triste - actualidad. Texto completo de este capítulo disponible aquí. Sobre la piña y su constante conocimiento por parte de la Sala Constitucional, referimos a reciente exposición del Magistrado Fernando Cruz en la UCR cuyo audio está disponible aquí.

Nota 3: Desde hace un tiempo atrás los recurrentes que han ganado casos ante la Sala Constitucional han denunciado que las entidades recurridas incumplen los decisiones judiciales. Hace algunos años se elaboró un programa conjunto entre el Estado de la Nación y la Corte Suprema de Justicia para estudiar y sistematizar el hecho que las entidades recurridas ante la Sala IV no acatan las sentencias ordenadas por ella. Mientras el Ministerio de Educación o la Caja del Seguro Social aparecen entre las entidades que sí cumplen, uno de los ministerios que más incumple lo que le ordena la Sala es el mismo MINAE. Referimos a modesto análisis realizado para el XVI Informe del Estado de La Nación: BOEGLIN N., “Nivel de cumplimiento de decisiones judiciales en materia ambiental relativas a la protección del recurso hídrico” Disponible aquí.

Nota 4: En una entrevista concedida por el representante del CONARE en la Comisión Plenaria de la SETENA al Semanario Universidad, titulada “SETENA es una entidad vulnerable ante presiones políticas” se lee que para el entrevistado: “El aspecto negativo lo voy a resumir en una frase suya: “no podemos frenar la inversión extranjera”. Entonces en nombre de la inversión extranjera ha habido presiones para que aceleremos los análisis, para que en esa “competitividad” saquemos proyectos con cierta premura, y con esto corremos el riesgo de que no se hagan los análisis debidamente, y por estas presiones creo que ahí pudimos haber tenido debilidades”.

Nota 5: Es por ejemplo el caso de un pesticida altamente tóxico para los suelos y la salud humana como el Paraquat. Informes de ONG internacionales habían denunciado los daños a la salud humana de quiénes se ven expuestos a este químico en todo el mundo, incluyendo los operarios de fincas en Costa Rica (ver informe). Luego de una intensa batalla judicial liderada por los países escandinavos, se logró en julio del 2007 que la Directiva de la Comisión de la Unión Europea que permitía su uso fuera anulada por el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea (ver comunicado de prensa del TPI de la Unión Europea). No obstante, a los meses, una trasnacional operando en Costa Rica adujo que aplicaría la moratoria mundial exigida por la UE en cuanto a su uso en todas sus operaciones en el mundo, con excepción de sus fincas de piña en Costa Rica hasta mediados del 2008, indicando que “… it is discontinuing the use of paraquat in its agricultural operations worldwide by implementing an immediate phase-out program, except in Costa Rica for Dole's pineapple operations where the targeted phase-out program extends to June 30, 2008” (ver nota de noviembre del 2007. En un comunicado de prensa de octubre del 2007 al que se le añadió una actualización del 2012, se indica que el uso de Paraquat se mantendrá, con la autorización de las autoridades de Costa Rica, para luchar contra la proliferación de la mosca hematófaga que provoca el mal manejo de los rastrojos de la piña: “Update to October 8, 2007 press release (effective November 20, 2012). The Costa Rican government requires growers to take measures to control stable fly infestations. Stable flies are drawn to the moist leaves and other residue left after pineapple harvest, and use of paraquat to dry this residue helps to control these infestations”.  

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